Por Guillermo Mastrini
En los últimos dos años, la discusión sobre las políticas de comunicación en América Latina ha presentado un tema recurrente: las licencias de radiodifusión. En muchos países de la región hubo fuertes polémicas en torno a qué hacer con las licencias, especialmente en un tema del que ningún propietario quiere hablar: cómo proceder con las licencias una vez que se vencen sus plazos.
Luego del caso RCTV resulta evidente que para las asociaciones de propietarios de medios cualquier decisión política que implique la no renovación (automática, podríamos agregar) de las licencias de radio y televisión resulta un ataque a la libertad de expresión. Por supuesto que esta posición parte de no reconocer que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y que, desde hace 90 años, su administración ha quedado regulada por los Estados nacionales. Pero también oculta que la renovación de las licencias impide a otros sectores de la sociedad acceder a las mismas.
Frente a estas posiciones, muchos gobiernos parecen preferir no enfrentar las críticas de los medios y han tomado decisiones tendientes a evitar afrontar el momento de tener que revisar las licencias. Sólo así puede explicarse la llamada "Ley Televisa" que implicó licencias casi vitalicias (ahora impugnadas por la Corte Suprema), o el Decreto 527 firmado por el presidente Kirchner en Argentina, que regaló 10 años más a los actuales propietarios.
Desde este boletín insistimos, una vez más, acerca de que la verdadera libertad de expresión (aunque en verdad preferimos hablar de derecho ciudadano a la comunicación) sólo podrá ser ejercida cuando el conjunto de la sociedad pueda ejercer dicha libertad en igualdad de oportunidades. Las decisiones tomadas bajo la presión de las grandes corporaciones de medios nos alejan cada día más de los más elementales niveles de democracia comunicacional. Y de los más elementales niveles de democracia.
